REFLEXIONES SOBRE POLITICA E INSTITUCIONES

Cuando repasamos los factores o causas que contribuyeron a desbaratar la República, vulnerando las formas representativa, republicana y federal que adoptaba para su gobierno en su Constitución fundacional, encontramos varios que han actuado, interdependientes y demoledores en su conjunto.
La tentación autoritaria en la que cae Europa a partir de la 1ra. guerra mundial, se manifiesta también en nuestro país, donde los "primos" de América de los europeos, recién se estaban incorporando a la ciudadanía y existe un insuflado nacionalismo revisionista, proclive a ser tentado por las tendencias y modas intelectuales europeas que se expresa en las dirigencias civiles, en miembros de las FF.AA. y, por supuesto, en algunos círculos "intelectuales".
Se va produciendo una creciente pérdida del espíritu federal real, reemplazado por un federalismo retórico y una consecuente tendencia al centralismo, que serán favorecidos por los regímenes militares de facto y los desplazamientos migratorios al Gran Buenos Aires, que crean las condiciones para el florecimiento de un populismo hegemónico y autoritario que se instala en el centro del escenario político a partir del golpe militar a fines de la segunda guerra mundial.
Continúa este proceso y se afianza con la Constitución del 49 y la provincialización de ocho territorios nacionales que se incorporan como estados a la unión integrada hasta entonces por los 14 originales.
Se incorporan sin tradiciones ni personalidades históricas federales a partir de una dependencia total del gobierno central y de una intervención de varios años a sus municipios que había terminado con una experiencia interesante de política local.
Es notable que esa incorporación se produzca cambiando los nombres históricos de los dos principales territorios por los del presidente en ejercicio y su mujer.
En ese contexto, el resultado no pudo ser otro que el abandono efectivo de las autonomías y el sometimiento habitual de los diputados y senadores a las directivas del presidente de turno.
La pérdida de autonomía ha contribuido al desborde centralista y hegemónico de las presidencias, beneficiarias y promotoras de este desajuste institucional y político que ha resultado funesto para la República.
La construcción de una Argentina mejor, requiere volver a una arquitectura política basada en el modelo fundador que surge de su Constitución histórica, modelo nunca concluido y siempre traicionado. También en darle nuevos bríos y decisivo impulso, con los ajustes y correcciones necesarios en la ejecución del proyecto, que lo afirmen y no lo desvirtúen, ni cedan a las presiones de una sociedad corporativa que ha perdido en su mayoría, afecto y valores republicanos.
La existencia de un conurbano con las características sociales y culturales que tiene, resultado de las ablaciones sufridas por las provincias durante casi un siglo de centralismo, ha introducido un desequilibrio demográfico que compromete el funcionamiento federal del país y, al mismo tiempo, motiva prácticas clientelistas que degradan peligrosamente la praxis política. Es, sin dudas, el campo propicio y la trinchera principal de un populismo que afecta a la República. Es su resultado y es su símbolo.
El populismo se organizó y consolidó desde una presidencia hegemónica y autoritaria y conserva una tendencia irresistible para volver a su matriz y, desde allí, medrar.
Cuando no maneja al Estado impide que otro pueda gobernar y cuando lo ocupa, lo agota rápidamente y lo conduce, junto a la sociedad toda, a la crisis.
Nos consta entonces que el centralismo populista ha sido posible en el marco de un abandono que gobiernos y pueblos de los estados provinciales han hecho de sus autonomías, pero ha sido la Presidencia, responsable y beneficiario mayor de este pecado capital contra la República.
En ese sentido la institución que ha sido el epicentro de la acción del populismo antirrepublicano y de las recurrentes crisis del país, debe ser reformulada y adaptada a las necesidades de una República posible.
El presidencialismo hegemónico, autoritario y populista, generó un sistema político social que reclama una presidencia hecha a su medida y, en esas condiciones, como resulta imposible conducir un régimen republicano con normalidad institucional el proceso termina en crisis. También las presidencias que se ajustan al modelo populista terminan en crisis, resultado de sus contradicciones, su corrupción y sus despilfarros, con lo cual podemos afirmar que en el contexto argentino, todos los caminos conducen a una crisis y todos los caminos alejan de la República y su normalidad institucional.
Esta realidad terrible nos obliga a buscar una salida de este círculo vicioso, mas bien un laberinto, en el cual estamos encerrados desde larga data a contrapelo de la historia de los países desarrollados que fueron nuestros iguales en el pasado y en sintonía con los países donde el subdesarrollo económico convive como causa-efecto con el subdesarrollo cultural, político, y sobre todo intelectual, de sus clases dirigentes.
Todo indica que es más fácil introducir algún tipo de reforma institucional, que producir cambios culturales positivos desde el círculo vicioso.
Si alguna posibilidad existía de mejorar el comportamiento institucional, la reforma de 1994 resultó totalmente negativa al respecto. La introducción de la elección directa del presidente, la posibilidad de una reelección inmediata con acortamiento de mandato, la forma de elección y la introducción del tercer senador por la minoría terminaron de desvirtuar el sistema y de complicar aún más los problemas existentes.
Hacer una contrarreforma constitucional en el actual contexto resulta arriesgado y tan peligroso como abrir la caja de Pandora, cuando existe una tendenciosa corriente populista en la política nacional y regional más proclive a alcanzar los objetivos antirrepublicanos que a retomar un buen camino.
Parece más prudente, para avanzar en la refundación de una República que reviva el espíritu, la fuerza y las instituciones de la vieja República adaptadas a los tiempos que vivimos, lograr primero un pacto republicano para la búsqueda de una praxis política nueva, sin cambiar la letra de la Constitución actual, afirmando su espíritu y consensuando una interpretación aggiornada. En todo caso haciendo lo que no está expresamente prohibido, lo que no resultaría demasiada audacia en un país que la ha violado sistemáticamente y que ha convertido la praxis política en un verdadero lecho de Procusto al cual la ha sometido sin pudor.
Si nos enriquecemos con la dura y amarga experiencia de los últimos 80 años es probable que muchos argentinos podamos coincidir en que hay que atemperar el poder presidencial y transferir poder al Parlamento y a las provincias que deben recuperar en plenitud sus facultades no delegadas fuertemente erosionadas por el desborde del PEN y donde su menguada autonomía es ejercida con parejo centralismo, desgraciadamente.
En Argentina estamos acostumbrados a estas presidencias desbordantes que resultan finalmente envueltas en su propio fracaso y que proyectan su desorden en todo el sistema institucional que resiente su funcionamiento normal.
Muy temprano aparecieron estas anomalías. Ocurrió ya en 1886 con la presidencia de Juárez Celman, un anticipo de los problemas futuros en lo que fue definido sugestivamente como "el unicato".
A pesar de estos antecedentes existen opiniones –quizás mayoritarias- que se resisten a revisar las características de la institución y por lo tanto es necesario un debate al respecto.
Cuando Alberdi la concibiera como una herramienta útil para asegurar la paz interior y consolidar la unión nacional, en circunstancias en que ésta era un proyecto comprometido más que una realidad afirmada, no nos excusa de plantearnos hoy, como decía un pensador inglés del siglo XIX, si "muchas veces la institución que facilita los primeros pasos termina impidiendo los siguientes" y agregaba que "el progreso sería más frecuente si muchas veces el primer alimento no fuera el último veneno".
Es posible que la recién nacida República haya encontrado entonces en la institución presidencial, su "andador" para dejar de "gatear" y comenzar a caminar mediante esa ayuda, pero en definitiva el artilugio sólo puede usarse transitoriamente por poco tiempo para que no se convierta en un impedimento para que el niño aprenda a caminar erguido, golpeándose y caminando.
A partir de la presidencia de Alvear, su culminación probablemente, la institución entró en una sucesión de situaciones irregulares donde alternaban gobiernos civiles y militares cuyas legitimidades estaban cuestionadas: procesos electorales viciados, exclusiones proscriptivas, vicios y manejos populistas, etc.
Llama la atención que en ese lapso del siglo XX sólo terminaron su primer mandato dos presidentes militares herederos de un gobierno militar y un presidente civil. Lo que no resulta un éxito, por cierto, como para validar una institución que a partir de 1928 ha estado asociada al fracaso y la frustración argentina.
Qué haremos en el futuro? La República inaugurada en 1983, ha desembocado en esta República formal y fingida, con un hiperpresidencialismo que ha demolido las instituciones conservando las fachadas como un "trompe-l’oeil". Como estamos transitando un proceso político lleno de dificultades y con un desenlace dudoso, la transición hacia tiempos mejores exige una andadura firme con objetivos claros que no se da en la dinámica actual de la política que, vertiginosa, arriesgada y llena de interrogantes sin respuestas, está orientada no a buscar una salida a la crisis, sino a realizar movimientos tácticos en vistas al 2011. Una reiterada sucesión de acciones que no permite imaginar siquiera, un resultado distinto a los anteriores.
Son las catorce provincias originales y las nueve incorporadas con posterioridad quienes constituyen la Unión nacional, ahora con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires además, y para ello han cedido parte de sus facultades. Ellas constituyen el Estado argentino y deben construir su poder de decisión a través de sus representantes (senadores) y de los diputados, representantes elegidos por sus pueblos. Lamentablemente la última reforma constitucional les arrebató la posibilidad de elegir al Presidente por medio de sus electores.
Por otra parte no es en la conformación del Congreso donde pesa más el voto popular concentrado, sino en la elección directa del Presidente.
Creo que el Congreso es el corazón de la República y donde se debe manifestar la voluntad de las provincias. El problema es que ha sido corrompido por el manejo de la "caja nacional" alimentada por un sistema de recaudación que ha permitido la concentración de poder y el ejercicio discrecional y espurio por parte del PEN. Los gobernadores y jefes de las "máquinas" políticas provinciales han preferido la complicidad y la convivencia con una situación que si bien los somete, los exime de dar la cara a sus contribuyentes, recaudando y les permite gastar, sin rendir cuentas, los recursos girados por el poder central. Un gasto orientado al clientelismo, sin prioridades, en obras públicas no reproductivas y generosas para generar cajas partidarias o personales.
Se redondea así un sistema real que constituye un círculo vicioso de la política nacional. Una reforma impositiva que permita que las jurisdicciones provinciales recauden sus impuestos y gasten lo que recauden y el Estado nacional haga lo propio con su recaudación y sus gastos, podría iniciar un círculo virtuoso que introduciría un principio de responsabilidad fiscal y política tanto en la Nación como en las provincias.
La concentración en el Gran Buenos Aires, consecuencia inevitable de políticas centralistas que han durado demasiado tiempo, asociada a políticas populistas y prácticas clientelistas, contribuye a una praxis no republicana, y menos aún federal, que compromete la suerte y la salud de la República Federal, situación que todavía sería manejable si se respetara el espíritu y la letra de la Constitución.
El problema de las mayorías parlamentarias subordinadas al PEN, no reside tanto en el peso de la representación del conurbano sino en la "mentalidad" y conducta del bloque oficialista de turno que corrompe su representación popular o provincial subordinándose al PEN y a los intereses de la máquina partidaria que los ha nominado.
Pese a que el conurbano constituye un problema y un desafío enorme a solucionar, no es el factor fundamental de la crisis sino una consecuencia que la República debería llegar a superar para que no la desborde en el futuro.
Una toma de conciencia de los pueblos provinciales y una reforma política consecuente, sería un comienzo para lograr senadores y diputados fieles a su representación y no al PEN.
La Presidencia, más allá de toda explicación, ha fracasado en los últimos 80 años tal como se la concibe. No sabemos como hubiera funcionado una institución o un sistema diferente. En ese sentido, todo es especulación o preferencias.
El sentido común nos indica que si no funcionó antes, cuando existían condiciones objetivas menos desfavorables y reservas sociales e institucionales menos degradadas que las actuales, difícilmente lo hará mejor en el futuro y más teniendo en cuenta las consecuencias de la última reforma del 94.
La experiencia vivida indicaría la conveniencia de trasvasar poder político al Congreso, que establezca impuestos para recaudar, apruebe el presupuesto para gastos y controle la gestión administrativa del Gabinete que recaudará siguiendo el criterio y la decisión parlamentarios.
Al mismo tiempo habría que robustecer la autoridad del Presidente como Jefe del Estado árbitro y garante y por lo tanto marginado de los pasillos y ajetreos de la política partidaria y de la cornucopia de la caja y su tentación clientelista. Si la experiencia que enriquece la sabiduría popular enseña "que no se puede ser juez y parte" y hay que optar, el Presidente debe ser "juez" y primer magistrado y no "parte", menos aún de un interés partidario.
La gestión administrativa es responsabilidad y objeto de control tanto por el Jefe de Estado como por el Parlamento, una misión compartida, como también ha sido la designación de personal superior en tres áreas sensibles como FF.AA., Relaciones Exteriores y Justicia.
Estas, establecidas por la constitución, ya que la designación debe ser aprobada por el Senado que representa la voluntad de las provincias. En mi opinión, como la última reforma electoral se quedó a mitad de camino en el tema de la administración habría que retomar el tema y establecer por acuerdo político un cambio de praxis que devenga costumbre (¿Ley de Ministerios?).
La ejecución del presupuesto y la recaudación es responsabilidad constitucional del Jefe de Gabinete de Ministros. Es responsable ante el Presidente que lo designa y puede destituirlo y ante el Parlamento al que debe mantener informado mensualmente y que puede destituirlo, introduciendo un conflicto de poderes latente que sólo el sometimiento de una mayoría oficialista dócil no ha puesto en evidencia hasta ahora. Este posible conflicto quedaría resuelto con la consulta previa del Presidente al Congreso para la designación de Jefe de Gabinete (y Ministros). El desgaste político inherente a la administración que sufre el Jefe de Estado sería transferido al Congreso vía Jefe de Gabinete.
Así los desaciertos de la Administración no serían "bancados" por la autoridad del Presidente que quedaría resguardada y reservada para contribuir a la continuidad más allá de las crisis y el Jefe de Gabinete y el Gabinete dependería del éxito de su gestión o del apoyo mayoritario del Congreso.
Los resultados de una administración poco exitosa no afectarían la normalidad institucional y la continuidad de un Gabinete exitoso sólo dependería de la voluntad parlamentaria, sin plazos, mientras fuera exitosa.
La consulta no está indicada por la Constitución en el caso de la Administración. Tampoco está prohibida. Pero su existencia no sería a contrapelo del espíritu constitucional que condiciona a los poderes con otros poderes.
Los estados provinciales han renunciado a alguna de sus facultades para constituir la Unión en aras a un derecho a la prosperidad pero son quienes en última instancia controlan o deberían controlar su administración a través del Parlamento que integran sus representantes y los representantes de sus pueblos.
¿Qué es la administración sino recaudar y gastar según las leyes impositivas y el presupuesto aprobado en el seno del Congreso, sistema desvirtuado por la emergencia, facultades delegas o extraordinarias en un pecaminoso renunciamiento a ejercer sus facultades que no deberían ser delegadas? (Art. 29).
La política argentina se corrompe en la búsqueda del poder sin límites encarnado en el hiperpresidencialismo y se pervierte el principio del buen gobierno y del servicio público, en la búsqueda de la reelección, una invitación irresistible a practicar políticas electoralistas y clientelistas.
Aislar la Jefatura del Estado del partidismo electoralista y del desgaste político que en general supone administrar, rodearlo de autoridad reforzando su función de árbitro garante y custodio del régimen republicano y federal y de la continuidad necesaria de las políticas de estado en áreas sensibles que le dan identidad y consistencia a la unión nacional, como son la Defensa, las Relaciones Exteriores y la Justicia, parecen ser el camino indicado para restaurar la arquitectura institucional del país, la transformación de la Presidencia y un regreso a los orígenes constitucionales que dividan las aguas en materia impositiva entre la Nación y las provincias.
Esos deben ser los pilares de una reforma política profunda y un elemento clave para comenzar una transición definitiva hacia la consolidación de la República Federal y el comienzo de un círculo virtuoso de la política nacional.