La separación entre la Jefatura del Estado y la Administración, gestionada por el Jefe de Gabinete y el Ministerio, sometidos al doble control del Jefe del Estado y del Congreso, resulta indispensable para cambiar la naturaleza del poder y la forma de ejercerlo.
El Jefe del Estado debe encarnar y representar la continuidad del poder y el Congreso la actualidad del mismo. El primero debe representar y custodiar la voluntad histórica de la Nación y el segundo la voluntad circunstancial del Pueblo.
La voluntad histórica que se expresa en objetivos nacionales y en políticas de Estado que respondan a un Proyecto de País, la Constitución, en base al cual se constituyó la Unión.
La voluntad circunstancial del pueblo que se expresa a través de sus representantes elegidos en elecciones periódicas y prácticamente, en el presupuesto anual, en las leyes impositivas y en políticas coyunturales.
El Jefe del Estado, debe ser custodio y garante de que la voluntad circunstancial se ajuste y sea respetuosa de la voluntad histórica - función compartida en última instancia por el Poder Judicial- tarea que involucra especialmente a aquellas áreas asociadas a la continuidad y a los intereses históricos de la Nación, como son la Defensa y las Relaciones Exteriores y menos a las contingencias de la voluntad circunstancial de una mayoría ocasional.
La arquitectura política debe responder a la realidad y la dinámica de estas dos vertientes del poder que confluyen en la Administración, donde el Jefe del Estado que encarna la voluntad histórica, designa al Jefe de Gabinete teniendo en cuenta la voluntad circunstancial representada por el Congreso que aprueba el Presupuesto y las leyes impositivas que ejecutará la Administración.
La representación de los estados provinciales en el Senado de la Nación, ha perdido nitidez a partir de la última reforma constitucional que le ha conferido un carácter más partidario. Ella quedaría más reforzada en un Consejo de Estado integrado por los gobernadores en una institución formal o informal a nivel presidencial para mejorar la organización y el funcionamiento federal del País.
La separación institucional y funcional de las dos vertientes del poder, que mejoraría y clarificaría el funcionamiento del régimen republicano, debería complementarse con una reforma impositiva que divida las aguas en materia de recaudación y gasto, entre los Estados Provinciales y el Estado Nacional como lo estuvo en la Constitución histórica y que permita un manejo responsable e independiente de los gobiernos provinciales: "Debe recaudar el que gasta y gastar el que recauda". La solidaridad con las provincias más "pobres" debe concretarse en Fondos Solidarios para inversión y desarrollo y no para gastos administrativos o políticos.
Las reformas tendientes a mejorar la calidad de las formas republicana y federal serán fundamentales para recuperar la vitalidad y la armonía institucional que requiere la República Argentina.
El Jefe del Estado debe encarnar y representar la continuidad del poder y el Congreso la actualidad del mismo. El primero debe representar y custodiar la voluntad histórica de la Nación y el segundo la voluntad circunstancial del Pueblo.
La voluntad histórica que se expresa en objetivos nacionales y en políticas de Estado que respondan a un Proyecto de País, la Constitución, en base al cual se constituyó la Unión.
La voluntad circunstancial del pueblo que se expresa a través de sus representantes elegidos en elecciones periódicas y prácticamente, en el presupuesto anual, en las leyes impositivas y en políticas coyunturales.
El Jefe del Estado, debe ser custodio y garante de que la voluntad circunstancial se ajuste y sea respetuosa de la voluntad histórica - función compartida en última instancia por el Poder Judicial- tarea que involucra especialmente a aquellas áreas asociadas a la continuidad y a los intereses históricos de la Nación, como son la Defensa y las Relaciones Exteriores y menos a las contingencias de la voluntad circunstancial de una mayoría ocasional.
La arquitectura política debe responder a la realidad y la dinámica de estas dos vertientes del poder que confluyen en la Administración, donde el Jefe del Estado que encarna la voluntad histórica, designa al Jefe de Gabinete teniendo en cuenta la voluntad circunstancial representada por el Congreso que aprueba el Presupuesto y las leyes impositivas que ejecutará la Administración.
La representación de los estados provinciales en el Senado de la Nación, ha perdido nitidez a partir de la última reforma constitucional que le ha conferido un carácter más partidario. Ella quedaría más reforzada en un Consejo de Estado integrado por los gobernadores en una institución formal o informal a nivel presidencial para mejorar la organización y el funcionamiento federal del País.
La separación institucional y funcional de las dos vertientes del poder, que mejoraría y clarificaría el funcionamiento del régimen republicano, debería complementarse con una reforma impositiva que divida las aguas en materia de recaudación y gasto, entre los Estados Provinciales y el Estado Nacional como lo estuvo en la Constitución histórica y que permita un manejo responsable e independiente de los gobiernos provinciales: "Debe recaudar el que gasta y gastar el que recauda". La solidaridad con las provincias más "pobres" debe concretarse en Fondos Solidarios para inversión y desarrollo y no para gastos administrativos o políticos.
Las reformas tendientes a mejorar la calidad de las formas republicana y federal serán fundamentales para recuperar la vitalidad y la armonía institucional que requiere la República Argentina.
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